Debido a la importancia que revisten los Centros Históricos de cualquier ciudad, al ser la parte más antigua, que contiene edificaciones y construcciones resultado de un producto social entre pobladores locales y foráneos, el diputado Eric Domínguez Vázquez presentó una iniciativa que busca reformar y adicionar disposiciones a las Leyes de Patrimonio Cultural; Orgánica del Municipio Libre y a la de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, todas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El diputado del Distrito VI, de Papantla, expuso que el interés de esta iniciativa radica en modificar las leyes antes mencionadas para dotar a los Centros Históricos de los municipios el carácter de Patrimonio Cultural en el estado de Veracruz. Esto, debido a que resulta importante reconocer el patrimonio que se crea constantemente, cotidianamente, en los espacios públicos.

De esta manera, se pretende reformar el artículo 28 de la Ley de Patrimonio Cultural para establecer que bajo ninguna circunstancia serán modificados los Centros Históricos de su carácter original, salvo que por algún motivo exista causa que obligue su modificación por cuestiones de fuerza mayor, producto de un desastre natural y que ante tal situación se ponga en riesgo la integridad física y/o vida de la población.

Asimismo, se plantea adicionar la fracción XXX Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para incorporar como atribuciones del Ayuntamiento el proteger, preservar y mantener la originalidad de los Centros Históricos que albergan las cabeceras municipales.

Además, se reformaría el inciso e) de la fracción I del artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado para señalar que corresponde a los municipios, en el ámbito de sus jurisdicciones, promover inversiones y acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, con base en los programas de desarrollo urbano de orden municipal.

Así también, con la finalidad de conservar sus fachadas originales, se deberá mantener, preservar y resguardar el centro histórico de las ciudades que albergan las cabeceras municipales.

En su intervención en Tribuna, el diputado Domínguez Vázquez recordó que en 2001 la Secretaría de Turismo Federal creó el Programa Pueblos Mágicos, teniendo como principal objetivo proteger y resguardar la riqueza cultural de las ciudades o poblados. “Hasta el día de hoy hay 121 lugares en México que cuentan con esta denominación, de los cuales Veracruz tiene 6 lugares: Coatepec, Coscomatepec, Orizaba, Papantla, Xico y Zozocolco de Hidalgo”.

Destacó que Veracruz cuenta con dos patrimonios culturales de la humanidad, derivado del reconocimiento otorgado por la Unesco, los cuales son la zona de monumentos históricos de Tlacotalpan y la ciudad prehispánica del Tajín, en Papantla. “Esta última ciudad, además, está inscrita desde el 2009 en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla”, precisó.

Tras su lectura en Tribuna, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó remitir la iniciativa a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal, para su estudio y dictamen.

El Pleno de la LXV Legislatura aprobó la Minuta remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

En la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, puso a votación de las y los diputados esta Minuta, que registró 44 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra. Con ello se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 135 constitucional federal.

De esta manera, Veracruz respalda esta reforma federal, con lo que se darían facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación con los estados, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México es parte.

En el artículo 4° se establece que el Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.

Se prevé que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto. En tanto, las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos, dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

-Aprueban Minuta de movilidad y seguridad vial-

De igual forma, la LXV Legislatura aprobó, con 40 votos, la Minuta de la Cámara de Diputados que reforma la fracción XXIX-C del artículo 73; el inciso a) de la fracción V y la fracción VI del artículo 115, y el párrafo segundo del Apartado C del artículo 122; y se

adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial.

De esta manera se señala, en el artículo 4°, el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Se establece como facultad del Congreso de la Unión el expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los estados, los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución, así como en materia de movilidad y seguridad vial.

Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial.

Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, los estados y los municipios respectivos, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

Se precisa que el Congreso de la Unión deberá expedir, en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial.

El Congreso de la Unión deberá armonizar, en lo que corresponda, y en un plazo que no excederá de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el artículo anterior, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de acuerdo con los dispuesto en el presente Decreto y la referida Ley.

La diputada Deysi Juan Antonio manifestó desde la Tribuna su respaldo a la Minuta, al considerar que el derecho humano a la movilidad garantizará a las y los ciudadanos el libre desplazamiento, con la implementación de políticas públicas y programas para el desarrollo de transporte de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Secundó la postura a favor la diputada Ana Miriam Ferraéz Centeno.

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para el fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

En su intervención, la legisladora señaló que esta propuesta pretende fortalecer y consolidar a los SIPINNA para que se visualicen como instancias primordiales de la organización municipal, debidamente instaladas y con los recursos que permitan su óptima operación, tanto de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y de la Procuraduría Municipal de Protección, así como para la ejecución del Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dijo que es necesario establecer una mayor y constante comunicación entre la Secretaría Ejecutiva Estatal con sus homólogas municipales, la cual contribuya al enriquecimiento de acciones de asesoría y capacitación especializada para el personal municipal, robusteciendo sus competencias en el ejercicio de sus funciones.

En el mismo sentido, continuó la representante del distrito V de Poza Rica, se propone el establecimiento de nuevas bases en el diseño y ejecución de los programas municipales de protección integral, actualizando las disposiciones establecidas en la actual Ley, para que las políticas públicas en la materia sean delineadas a partir de diagnósticos sobre el cumplimiento y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, con la participación de los sectores involucrados.

Con ello, la actuación de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas Municipales de Protección Integral y las Procuradurías Municipales de Protección, podrán desarrollar sus actividades en el marco de la planeación estratégica, siendo evaluados continuamente vinculándose con la política nacional y estatal en la materia.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su capítulo México, en lo referente Agenda para la Infancia y Adolescencia 2019-2024, señala que en el país aún persisten limitaciones en la operación de estas instituciones, puntualizó Linares Capitanachi, “lo que hace pertinente fortalecer y consolidar estas instituciones.”

“No omito señalar que en la confección de la presente iniciativa se contó con la participación y las observaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de otras instancias estatales con competencia en el sector”, finalizó la legisladora.

Para su estudio y dictamen la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y Derechos de la Niñez y la Familia.

Ante la licencia otorgada por el Pleno a la diputada propietaria del Distrito XXI, de Camerino Z. Mendoza, María Candelas Francisco Doce, la Mesa Directiva, presidida por la legisladora Adriana Paola Linares Capitanachi, tomó la protesta de la Ley a la ciudadana Libni Adaelsi Sánchez Núñez como diputada y así asumió el cargo, sumándose a los trabajos legislativos.

La licencia de la diputada Candelas Doce abarca del periodo comprendido del 30 de octubre de este año al 31 de enero de 2021.

En los asuntos desahogados durante la correspondencia, la diputada presidenta Adriana Paola Linares Capitanachi instruyó turnar a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado la iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 13, apartado A, fracción V, inciso A) del Código de Derechos para el Estado, estableciendo una excepción al cobro por la inscripción de un embargo en el Registro Público de la Propiedad, presentada por el ciudadano Omar Nieto Castro.

También, y para efectos del artículo 18 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, la denuncia de juicio político, promovida por el ciudadano José Clemente Zorrilla Rostro, en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial estatal.

Por otra parte, ante la presentación del Segundo Informe de Labores Legislativas del diputado Sergio Hernández Hernández, el Pleno se dio por enterado y la Mesa Directiva instruyó a la Secretaría General enviar a publicarlo en el órgano de difusión de este Congreso.

Con el objeto de mejorar el desempeño que viene realizando la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (Ceapp), en aras de velar por las adecuadas condiciones de las y los periodistas, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico presentó una iniciativa de decreto que reformaría la fracción V del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En su intervención, durante el inicio del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, el legislador subrayó que esta propuesta legislativa es producto de reuniones con respetados periodistas que –a su consideración- se sienten agraviados por el actuar de la Ceapp. “Algunos de ellos han expresado que no se sienten representados y mucho menos respaldados para ejercer su oficio de manera libre, sin censura y sin temor a la represión”.

La propuesta del diputado va encaminada en disminuir a cuatro los comisionados que integren la Ceapp, además del Secretario Ejecutivo. Por otra parte se incluiría al Jefe de la Oficina del Gobernador y el o la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y de quien presida la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas del Congreso local, advirtiendo que éstos tendrán participación en las sesiones de la Comisión con voz, pero sin voto.

El también secretario de la Comisión Legislativo de Atención y Protección de Periodistas indicó que los servidores públicos mencionados, con voz, pero sin voto, son los que afrontan y atienden la problemática relacionada con la Ceapp. De esta manera, agregó, son los principales obligados en acatar las instrucciones del órgano autónomo, en beneficio de la profesión del periodismo y de la atención a las y los periodistas.

Expuso que, aunado a lo anterior, la iniciativa prevé la necesidad de la emisión de una convocatoria, la recepción de las solicitudes por parte de los interesados y el método que habría de ocuparse para la designación de los miembros de la Ceapp, con lo que se estaría generando un procedimiento público y transparente, precisó.

El legislador del Distrito XX, de Orizaba, expresó su preocupación por la violencia contra periodistas que, en los últimos meses, ha cobrado víctimas en la entidad. “Lo que ha generado temor entre los profesionales de la comunicación y la condena general por parte de los diversos sectores sociales afines a estos asuntos”.

Por otra parte, recordó que la Ceapp es un órgano autónomo, constituido formalmente el 18 de diciembre de 2012, el cual tiene el mandato constitucional de atender y proteger la integridad de los periodistas, así como promover las condiciones para el adecuado ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno respeto al derecho a la información y a la libre expresión de ideas.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Atención y Protección de Periodistas.