En apoyo a la economía de las personas adultas mayores de 65 años, de jubilados y/o pensionados, el diputado Ricardo Arturo Serna Barajas presentó ante el Pleno una iniciativa que prevé otorgar, a este sector de la población, un subsidio del 50 por ciento en el pago de derechos por la expedición de las diversas licencias para conducir unidades automotoras.

En la iniciativa, presentada durante la primera sesión ordinaria, del tercer año de labores, se plantea adicionar un segundo párrafo al apartado D, del artículo 15 del Código de Derechos estatal, para señalar que el citado subsidio será para la expedición de licencias de chofer tipo B, C y D, respectivamente.

De esta manera serían beneficiados quienes soliciten las licencias antes señaladas que son para conducir toda clase de vehículos de motor de servicios públicos de carga y particular, de automóviles y motocicletas particulares, así como para conducir vehículos de dos o más ruedas.

En su intervención en Tribuna, el diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que acorde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), México, al igual que otros países, está inmerso en el proceso de envejecimiento de su población. “Según proyecciones del Consejo Nacional de Población existen más de 15 millones de personas mayores de 60 años, con una esperanza de vida al nacer en promedio de 75 años; 78 años para mujeres y 73 años para hombres”.

Manifestó que las personas jubiladas, pensionadas y adultas mayores de 65 años han contribuido a generar la riqueza con la que hoy cuenta el Estado de Veracruz. “Sin embargo, muchas veces, al encontrarse fuera de las actividades laborales, que se acentúan con la pandemia que vivimos, sufren dificultades económicas para poder cubrir el pago de impuestos o de derechos por los distintos servicios que requieren, entre ellos, el pago de derechos para obtener la licencia de conducir”, añadió.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda del Estado y de Transporte, Tránsito y Vialidad.

De conformidad con las facultades que le otorga la Ley en la aplicación de los recursos públicos y como coadyuvante de la Comisión Permanente de Vigilancia y de los órganos de control de esta Soberanía, la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado realiza un trabajo ético, profesional, transparente y apegado a lo que marca la legislación vigente, afirmó su titular, Everardo Domínguez Landa.

Este martes, el servidor público encabezó una reunión de trabajo con los titulares de las jefaturas de Registro de Deuda Pública y Programas Institucionales, María del Carmen Morales Ramos; de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios, Juan Carlos Patiño Pérez, y de Auditoria y Análisis de Cuenta Pública, Yuriana Ríos Romero, en la que revisaron los procedimientos y técnicas para obtener una seguridad razonable en los estados financieros, anexos y demás información relativa a la glosa.

Domínguez Landa dijo que la calidad y exigencia que se mantienen en esta tarea son resultado de las revisiones instruidas por la Comisión Permanente de Vigilancia y a solicitud de ciudadanos, legisladores y funcionarios públicos sobre auditorías e intervenciones a los municipios.

Aseveró que la Secretaría a su cargo desarrolla un proceso sistemático en el que, de manera objetiva, se obtiene y evalúa la evidencia para determinar que la información financiera o las condiciones reales estén de acuerdo con la normatividad establecida y el sistema nacional de fiscalización.

Everardo Domínguez acotó que, en el caso de algunos entes donde la custodia de fondos y valores no cuenta con la confianza necesaria, recomendará la intervención de la tesorería municipal.

El Congreso del Estado recibió la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 14, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por la que se establece en términos medibles y cuantificables, la distribución entre los municipios de los ingresos derivados por los contribuyentes, en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la Diputación Permanente se dio por enterada de la iniciativa que propone que dicha distribución sea realizada de la misma forma como actualmente lo prevé el Fondo General de Participaciones Municipales y el Fondo de Fomento Municipal, siendo por el orden del 50 por ciento con base en el índice municipal de pobreza y el otro 50 por ciento con sustento en el coeficiente de participación municipal.

De acuerdo al decreto publicado el 19 diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), referente a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, se estableció que las entidades federativas incorporadas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en las que se enajenen bienes inmuebles en territorio estatal, y que causen impuestos en términos del artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, obtendrán un incentivo del cien por ciento, siempre y cuando celebren convenio de colaboración administrativa en materia fiscal.

En el mismo sentido, también se estableció que dicha recaudación no formará parte de la federal participable, además que las entidades federativas deberán participar por lo menos del 20 por ciento del incentivo referido a los municipios o demarcaciones territoriales.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente Hacienda del Estado.