• En aquellos inmuebles que registren rezago administrativo o que no cuenten con escrituras, la SEV emitirá una constancia que acredite la operación regular del plantel. 

• Propicia la inversión de recursos por parte de las instituciones del Estado, sin que ello signifique observaciones o responsabilidades ante el Orfis.

Xalapa, Ver., 24 de julio de 2026.- Por unanimidad de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, por el que se adiciona un Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas y un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, ambas del estado de Veracruz, con lo que se permitirá la inversión en infraestructura educativa en aquellos inmuebles que presenten algún rezago administrativo. 

En el documento, resultado de la iniciativa presentada el pasado 21 de julio por la gobernadora Rocío Nahle García, la instancia dictaminadora señala que se busca propiciar la participación e inversión de recursos por parte de las instituciones del Estado, sin que ello signifique observaciones o responsabilidades derivadas de la fiscalización superior en el caso de aplicación de recursos públicos en inmuebles que no están plenamente legalizados, “pero en los que sin lugar a dudas funciona un centro educativo público, con reconocimiento de validez y que preste sus servicios a las niñas, niños y adolescentes”.

El dictamen, que registró 42 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, adiciona el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado para establecer que tratándose de proyectos de inversión en infraestructura educativa que tengan como propósito la construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) fiscalizará el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo cual verificará que se hayan aplicado en inmuebles cuya propiedad esté debidamente acreditada a favor del Ente Fiscalizable correspondiente.

En caso que la propiedad se encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el Ente Fiscalizable, o bien que no pertenezca a la Federación, el Estado o los Municipios, el organismo autónomo verificará que se cuente con la constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) con la cual acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.

Igual redacción se precisa en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz, mediante la adición de un tercer párrafo al Artículo 19. 

De esta manera, se permite la participación e inversión de recursos públicos por parte de las instituciones del Estado para mejorar las condiciones de infraestructura de los centros educativos de la entidad, sin que ello signifique observaciones o responsabilidades derivadas de la fiscalización superior en el caso de aplicación en inmuebles que no están plenamente legalizados.

Posicionamientos

En representación del Grupo Legislativo de Morena, el diputado José Reveriano Marín Hernández expresó que este dictamen encuentra equilibrio entre dos obligaciones del Estado; por un lado preserva la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas del recurso público, y por otro, garantiza de manera efectiva el derecho a la educación.

Asimismo, externó que los trámites burocráticos no deben imponerse sobre los derechos de las personas y que hoy se defiende que la educación esté siempre en el centro de las decisiones del orden público, “este Congreso envía un mensaje claro a las familias veracruzanas: la educación es nuestra prioridad”.

Del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Citlali Medellín Careaga indicó que la propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García reconoce la dificultad que los municipios conocen bien y ofrece una respuesta que concilia la inversión educativa con la rendición de cuentas. Agregó que desde su experiencia como munícipe sabe que una autoridad responsable no debe elegir entre atender una escuela y cumplir la ley. “Su deber es encontrar la manera de hacer ambas cosas”.

La legisladora Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), puntualizó que la reforma significa una gran noticia para la educación, toda vez que durante años ha sido un pretexto para muchas escuelas que no tienen escrituras de propiedad y por ello los gobiernos no podrían hacer una aula nueva, construir o levantar una barda. Por otra parte, pidió darle continuidad a los procesos de legalización de las escrituras e invertir, con el presupuesto de 780 millones de pesos (mdp), en más obras.  

Por Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Adrián Sigfrido Ávila Estrada manifestó que votar a favor del dictamen es hacerlo por la niñez veracruzana, por las comunidades que han sostenido a Veracruz con esfuerzo, por las maestras y los maestros que hacen “milagros” con lo que tienen y por aquellas madres y padres que se organizan para levantar aulas con sus propias manos y recursos. Añadió que la educación es un derecho humano y que el Estado tiene la obligación de garantizarla con todas sus herramientas, “sin excusas, sin retrasos y sin barreras burocráticas”.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, anunció su respaldo al dictamen y precisó que corresponde al Gobierno cuidar a los maestros y a las madres y padres de familia enviar a sus hijos a las aulas. De igual forma, se pronunció por atender otros factores para combatir la deserción escolar.

El legislador Héctor Yunes Landa dijo que la educación no podía continuar con las barreras que impedían invertir en infraestructura; agregó que a la comunidad educativa no le interesa si se trata de leyes, gobiernos o decisiones políticas y que la modificación aprobada representa un acto de justicia para cientos de escuelas que operan desde hace más de 20 o 30 años sin la certeza jurídica de los lugares que ocupan.

 

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• Diputadas y diputados actualizan determinaciones para fortalecerlo y hacerlo más eficaz, responsable, inclusivo y cercano a la gente.

Xalapa, Ver., 24 de julio de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura otorgó 36 votos a favor de la reforma por la cual se armoniza la Constitución Política del Estado de Veracruz con la Carta Magna federal, en pos de la consolidación democrática del Poder Judicial del estado, su fortalecimiento y la profundización de sus funciones para una mayor eficacia, responsabilidad e inclusión con respecto a las personas justiciables, como un poder cercano a la gente y sujeto a su escrutinio.

De acuerdo con el Dictamen con Proyecto de Decreto emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, que también registró seis votos en contra y cero abstenciones, la convocatoria para la integración del listado de candidaturas será publicada por el Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda.

Cada uno de los Poderes del Estado postulará dos personas para cada cargo e integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas honorables de reconocido prestigio en el ámbito de la actividad jurídica, quienes elegirán de entre sus integrantes a la persona que coordine sus trabajos.

Las personas coordinadoras de los tres Comités integrarán una Comisión Coordinadora, responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités.   

Cada comité seleccionará, conforme a los criterios definidos por la Comisión Coordinadora, a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y se hayan distinguido por su honestidad, buena fama pública, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica

Además, los comités garantizarán la paridad de género en el listado de personas a insacular por especialidad, de ser aplicable. Asimismo, observarán la paridad de género en el listado de propuestas posterior a la insaculación.

Para los efectos de esto, cada uno de los Poderes del Estado postulará dos personas para cada cargo: el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la Gobernadora o Gobernador del Estado; el Poder Legislativo mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes; y el Poder Judicial del Estado, por conducto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mayoría de sus integrantes.

Establece el Tercero Transitorio que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que resulten electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, durarán tres y cinco años en el cargo, por lo que su nombramiento vencerá en 2028 para dos de ellos y en 2030 para los otros tres, en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quien alcance la mayor votación.

Por último, el Sexto Transitorio señala que el órgano de administración judicial tendrá como fecha límite los primeros diez días de abril de 2027 para enviar al Congreso del Estado un informe sobre la situación de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina y de Conciliación y Arbitraje, así como de las juezas y los jueces de Primera Instancia.

Posicionamientos de grupos legislativos y partidos políticos

Por el Grupo Legislativo de Morena, el diputado Luis Vicente Aguilar Castillo, indicó que esta reforma enfatiza la mejoría de la evaluación y calidad democrática que ahora reviste el Poder Judicial y representa la profundización del modelo innovador democrático y esencialmente transformador que se puso en marcha  en 2024 en materia de impacto de justicia.

“Queremos un Poder Judicial donde tengamos asegurada una impartición de justicia que satisfaga las necesidades de las y los veracruzanos, donde los problemas de las personas sean resueltos y donde siempre, por encima de todo, se salvaguarden sus derechos”, afirmó.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, ponderó que la concurrencia con otros procesos permitirá una planeación electoral ordenada, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y mayor anticipación en la preparación de candidaturas, boletas, casillas y cómputos. También, agregó, se mejora el procedimiento previo a la elección.

La diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó la intención de las reformas propuestas y rechazó que la justicia sea selectiva y controlable, que sirva para proteger a delincuentes, castigar a adversarios y justificar todo con tal de acceder al poder, lo cual calificó como “el peor mal que tiene nuestro país”.

Si una reforma necesita reformarse una y otra vez antes de dar resultados, el problema no es el calendario, el problema es el diseño, afirmó la diputada María Elena Córdova Molina, quien dijo que el partido Movimiento Ciudadano (MC) no acompaña esta reforma, “no porque estemos en contra de mejorar nuestras instituciones. Todo lo contrario. Queremos una justicia profesional, autónoma, imparcial y que dé resultados. Pero las instituciones no se fortalecen corrigiéndolas permanentemente. Se fortalecen construyéndolas bien y respetando su independencia”.

A su vez, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar, criticó la reforma al Poder Judicial, su procedimiento y el desempeño de algunos de sus integrantes, por lo que rechazó que el Congreso vote “a conveniencia del poder y del partido mayoritario”

El diputado Héctor Yunes Landa manifestó su oposición al contenido del dictamen y dijo que Veracruz necesita una reforma seria, técnica y responsable, que combata la corrupción y el nepotismo y que no destruya las capacidades institucionales construidas durante décadas. Por lo contrario, “esta nueva reforma que nos proponen no busca ninguno de esos propósitos, sino el continuismo depredador que sólo busca postergar la consumación del daño causado”.

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Xalapa, Ver., 23 de julio de 2026.- La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputada Naomi Edith Gómez Santos, se congratuló y respaldó el anuncio dado por la gobernadora Rocío Nahle García respecto a la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Minatitlán, el primero en el sur del estado y la región del Istmo, que ofrecerá servicios especializados de rehabilitación a miles de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

En un acto celebrado en la Unidad Deportiva Benito Juárez, al lado de la mandataria estatal, la legisladora que representa al Distrito XXVIII de Minatitlán en el Congreso local reafirmó el compromiso de esta Soberanía con quienes más lo necesitan y convocó a la sociedad minatitleca y veracruzana a unir esfuerzos y sumarse al boteo nacional del Teletón, en el que se buscará recaudar 426 millones 978 mil 716 pesos para la construcción, el equipamiento y la operación del nuevo centro, que beneficiará a familias de 41 municipios del sur de Veracruz, así como Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

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• Iniciativa de la legisladora Tanya Carola Viveros Cházaro para reformar la Constitución Política de Veracruz busca corregir asimetrías, simplificar procesos y blindar autonomía.

Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- La Diputación Permanente turnó a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales una Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Veracruz, en materia de reforma al Poder Judicial, autoría de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro.

En su proyecto, la legisladora plantea cumplir el mandato de armonización que exige el pacto federal, además de dotar al estado de Veracruz de un diseño institucional robusto, transparente y vanguardista, conjugando la legitimidad de la participación democrática con rigurosos criterios de excelencia técnica, un esquema de paridad automatizado y un control posterior del desempeño jurisdiccional, garantizando la transición hacia una judicatura verdaderamente independiente, profesional y cercana a las realidades sociales, consolidándose un sistema de justicia cuyo único compromiso sea la aplicación imparcial de la ley y el resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

De acuerdo con su iniciante, la reforma propuesta es un ejercicio formal de adecuación constitucional y consolidación institucional y su propósito fundamental es asimilar las experiencias y los aprendizajes derivados de los primeros ejercicios democráticos en el país para corregir asimetrías, simplificar los procesos y blindar la autonomía del Poder Judicial veracruzano.

Tanya Viveros propone que la próxima elección de magistraturas y judicaturas en Veracruz se celebre el primer domingo de junio de 2028. Esta prórroga en el calendario responde a criterios estrictamente técnicos y operativos.

Además, la iniciativa perfecciona el procedimiento de selección inicial mediante la reestructuración de los Comités de Evaluación de los tres Poderes del Estado, pues cada uno de éstos estaría compuesto por cinco personas honorables y de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, quienes elegirán de entre sus miembros a su propio coordinador.

Introduce la figura de la Comisión Coordinadora como un órgano colegiado que asumiría la función institucional de emitir acuerdos unificados y establecer metodologías de evaluación homologadas, a fin de garantizar que los tres Comités funcionen bajo un mismo estándar técnico, evitando criterios discrepantes o arbitrarios entre los Poderes postulantes.

También propone un sistema de selección estructurado en dos etapas: de evaluación de excelencia y de depuración aleatoria, e inscribe la paridad de género desde la estructura inicial del proceso.

En el mismo sentido, presenta las bases generales de organización que delegan la conducción de los procesos comiciales en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y le confiere la responsabilidad de planificar, regular e instrumentar el despliegue técnico y logístico de la jornada ordinaria.

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• Presenta María Elena Córdova iniciativa que obligaría a Ayuntamientos a crear y conservar espacios públicos dedicados a la cultura; tendrían prioridad los artistas locales o que residan en el municipio. 

Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- Con la finalidad que los Ayuntamientos creen y conserven espacios públicos aptos para la realización de actividades culturales, garantizando su utilización gratuita en beneficio de artistas que así lo requieran y que hayan nacido o residan en el municipio, la diputada María Elena Córdova Molina presentó una iniciativa que adicionaría la fracción XLIII al Artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Durante su intervención en la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente, la legisladora recordó que el párrafo décimo cuarto del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos advierte que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. 

Ante sus homólogas y homólogos, la diputada dijo que en días recientes en la capital del estado cobró fuerza la inconformidad de mujeres y hombres que se dedican al arte y quienes, en lugar de encontrar puertas abiertas para exponer sus creaciones o demostrar sus talentos, les fue notificado que habría cobros para ocupar los espacios destinados a la cultura.

“Han sido reiteradas las quejas de personas que realizan labores de dirección, actuación, escenografía, coreografía, entre muchas otras, que han visto mermadas sus actividades y economía a causa de medidas carentes de empatía y visión de parte del Ayuntamiento”, precisó.

Del mismo modo, Córdova Molina indicó que el Gobierno del Estado emitió un exhorto para que la administración municipal capitalina reflexionara sobre sus determinaciones en la materia, “lo que originó algunos cambios en las decisiones y, por tanto, se anunció que ya no se cobraría a artistas por el uso de diversos recintos culturales”.

Finalmente, manifestó que invertir en cultura nunca será un gasto, máxime si las administraciones municipales ya cuentan con instalaciones idóneas para que en ellas se ejerza el derecho a la cultura. “La intención es que se creen más áreas para privilegiar el acervo cultural, pero que también se conserven y puedan ser funcionales. La cultura es motor de desarrollo social y económico. Es fuente de una sana salud mental y coadyuva a la reconstrucción de los tejidos sociales”, concluyó.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación, y de Educación y Cultura. 

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• Reformar el Código Penal del estado para incorporar dicha agravante en actos de maltrato o crueldad, propone la legisladora Naomi Edith Gómez Santos.

Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- La diputada Naomi Edith Gómez Santos presentó una propuesta legislativa para establecer como agravante de la pena ya establecida en el Código Penal del estado de Veracruz el empleo de sustancias que provoquen el envenenamiento de animales en los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de éstos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura dio a conocer ante la Diputación Permanente una Iniciativa que, dijo, responde al mandato constitucional que México asumió con la reforma de diciembre de 2024, mediante la cual el bienestar animal dejó de ser únicamente una aspiración ética para convertirse en una obligación jurídica para todas las autoridades del país. 

De acuerdo con su proponente, este proyecto busca fortalecer no únicamente la protección de los animales, sino también “los valores con los que queremos construir nuestra sociedad. Es una reforma que promueve la convivencia pacífica, fortalece la cultura de la legalidad y deja claro que en Veracruz no hay espacio para la crueldad ni para la violencia normalizada”.

En su presentación, la legisladora rechazó toda forma de maltrato y su normalización contra los seres vivos que no pueden defenderse, denunciar, “que dependen de nuestra responsabilidad, de nuestra empatía y, sobre todo, de la fuerza de nuestras leyes”.

Advirtió que el envenenamiento de un animal es un acto injustificable de crueldad que arrebata una vida a través del sufrimiento, miedo, desesperación, dolor y agonía. “Ningún ser vivo merece un final así”, aseveró. 

Naomi Edith Gómez Santos afirmó que cuando la crueldad se normaliza o minimiza, deja de ser un problema individual y se convierte en un asunto que nos involucra a todas y todos y señaló la estrecha relación entre la crueldad hacia los animales y otras formas y patrones de violencia que después se ejercen contra personas.

Con la Iniciativa del Grupo Legislativo de Morena y las diputadas María Elena Córdova Molina, Elizabeth Morales García y Estefanía Bastida Cuevas, la Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Artículo 264 Quinquies del Código Penal del estado de Veracruz fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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