• Prevé Elizabeth Morales reformar la Ley para obligar al vendedor a emitir una Ficha Informativa del Lote,  con datos claros y precisos sobre la situación jurídica del bien.

Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- Con el objetivo de establecer mecanismos legales de transparencia e información previa en la comercialización de lotes destinados a vivienda y con el propósito de proteger el ahorro de las familias veracruzanas, prevenir fraudes inmobiliarios y contribuir a la construcción de un entorno de certeza jurídica, la diputada Elizabeth Morales García presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz.

De acuerdo con la iniciativa, presentada durante la segunda sesión ordinaria de la Diputación Permanente, se adicionarían los Artículos 39 Bis, 39 Ter, 39 Quáter y 105 Bis al citado ordenamiento para establecer que las personas físicas o morales que realicen actos de promoción, comercialización o venta de lotes destinados a vivienda deberán entregar una Ficha Informativa del Lote, en formato físico o digital a las personas interesadas, previo a la celebración de cualquier contrato o entrega de recursos económicos, que contenga información clara y suficiente respecto de la situación jurídica, urbana y administrativa del inmueble.

La mencionada Ficha deberá contener como datos: ubicación e identificación del predio; uso de suelo autorizado; existencia de autorizaciones, permisos o licencias relacionadas con la división, urbanización o comercialización del inmueble; disponibilidad o factibilidad de servicios públicos básicos o advertencias sobre restricciones, afectaciones.

De igual forma, riesgos o limitaciones conocidas que puedan afectar el aprovechamiento del inmueble; información sobre la situación jurídica del predio conforme a la documentación con la que cuente y bajo protesta de decir verdad; documento que acredite la propiedad, posesión legítima o facultades legales para comercializar el inmueble; información sobre la situación registral del inmueble, manifestando expresamente si actualmente es posible escriturar o cuáles son los trámites pendientes.

Asimismo, se precisaría en la ley que queda prohibido promover, ofertar o comercializar lotes destinados a vivienda presentándolos como plenamente regularizados cuando no cuenten con las autorizaciones urbanísticas correspondientes o cuando se omita informar a las personas interesadas sobre restricciones legales o administrativas conocidas. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Capítulo será sancionado conforme a las disposiciones administrativas aplicables previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables.

Por otra parte, se indicaría en la legislación que las autoridades estatales y municipales podrán difundir, vía electrónica, guías informativas para la adquisición segura de lotes destinados a vivienda. Dichas acciones deberán realizarse con los recursos humanos y materiales disponibles, sin que implique la creación de nuevas estructuras administrativas.

Se considerarían infracciones a la ley el promover, ofertar, comercializar o vender lotes destinados a vivienda sin entregar previamente a la persona interesada la Ficha Informativa del Lote; Proporcionar en la Ficha información falsa, incompleta o que induzca al error respecto de la situación jurídica, urbanística o administrativa del inmueble u Omitir informar restricciones, limitaciones, afectaciones o condiciones que puedan impedir o dificultar la escrituración, urbanización o aprovechamiento del inmueble cuando dichas circunstancias sean conocidas por quien realiza la comercialización.

La iniciativa, a la que se adhirió la diputada María Elena Córdova Molina, fue turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal. 

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*Incentivarían la inversión en infraestructura educativa, con trámites más sencillos*

• Propone la gobernadora Rocío Nahle reformar ordenamientos para que en obras donde no se cuente con documento de propiedad, pueda validarse con una constancia emitida por la SEV.

Xalapa, Ver., 21 de julio de 2026.- La Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa de decreto, enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, con la que busca incentivar la inversión en infraestructura educativa, en beneficio de niñas, niños y adolescentes, superando las complejidades del estatus jurídico de los inmuebles donde estén asentados los centros educativos.

En dicho proyecto, la mandataria propone al Congreso incorporar el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para que, tratándose de proyectos de inversión en infraestructura educativa cuyo propósito sea la construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) fiscalice el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo cual verificaría su aplicación en inmuebles con propiedad debidamente acreditada a favor del ente fiscalizable correspondiente.

Precisa que, en caso de que la propiedad se encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el ente fiscalizable, o que no pertenezca a la federación, al estado o a los municipios, el organismo autónomo verificaría que se cuente con la constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con la cual acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.

Igualmente, plantea adicionar un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para indicar que, tratándose de obras públicas y servicios relacionados con ellas que realicen los entes públicos en materia de infraestructura educativa y la propiedad, los derechos de propiedad o los otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos se encuentren en proceso de regularización, podrá acreditarse por parte de los entes públicos con la constancia de la SEV en la que se acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente del centro donde se ejecuten las obras.

La iniciativa añade que con esta modificación se mantendría el control del Orfis en las tareas de revisión de ingresos, egresos y deuda pública sobre todos los entes fiscalizables, pero permitiría que en los casos donde no se cuente con el instrumento público que acredite la propiedad del inmueble donde se encuentra la escuela, pueda ser validado por la SEV.

Dicha validación contendría que en el inmueble opera el centro educativo, con los registros correspondientes y una matrícula por ciclo escolar establecida, lo cual “permitirá garantizar que los recursos fueron aplicados a un centro escolar, sin que por ello se configure una falta que afecte la aplicación de dichos recursos”.

Por último, la iniciativa prevé precisar en la ley mencionada que, cuando se realice todo tipo de acciones para crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles donde se aloje un centro educativo, y la propiedad, los derechos de propiedad o incluso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos no se encuentren plenamente regularizados a favor de los entes públicos que ejecutan dichas obras, podrá acreditarse la situación jurídica con la constancia emitida por la SEV.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su análisis y dictamen.

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• El Plan Municipal de Desarrollo es el eje central de un gobierno, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández.

Xalapa, Ver., 20 de julio de 2026.- El Congreso de Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, entregó 156 Distintivos de Excelencia en Planeación Municipal 2026-2029, conforme a la Guía Metodológica para la Elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo (PMD), creada por la LXVII Legislatura, a igual número de ayuntamientos.

Durante su mensaje de bienvenida a las autoridades y representantes municipales en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, afirmó que el PMD es el eje central de un gobierno, que consigna la opinión de todos los sectores sociales, la estrategia en materia de seguridad y el destino de los recursos públicos, que da sustento, legalidad y rumbo a cada administración.

El legislador subrayó la importancia de la unidad en la marcha de los gobiernos, para cuyo buen rumbo son indispensables el orden, los principios y la vocación de servicio. En este sentido, reiteró la disposición del Congreso del Estado para seguir acompañando a las autoridades municipales, a fin de que respondan a la sociedad con un trabajo de calidad y le entreguen buenos resultados.

Posteriormente, la presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, diputada Guadalupe Vázquez González, valoró el compromiso de las autoridades locales en las capacitaciones y la participación de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Oficina de Programa de Gobierno (Progob) y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem) en la elaboración de la Guía Metodológica. Además, mencionó los puntos evaluados en los PMDs: la consulta ciudadana, la consulta a los pueblos originarios y la equidad de género.

A su vez, el secretario de la Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, diputado Paul Martínez Marie, reconoció el trabajo de los 156 ayuntamientos que cumplieron con los 42 puntos establecidos para contar con un PMD completo. Aclaró que el Congreso no prevé sanciones para las autoridades que cumplieron parcialmente o incumplieron; que en su competencia está emitir el dictamen de los 211 municipios que lo entregaron y del que no lo hizo dar vista a las autoridades para el seguimiento legal que corresponda.

Si bien, añadió, esta legislatura ha mejorado mucho la calidad de instrumentos como el PMD, “seguimos trabajando para que ustedes den los mejores resultados hacia la gente, que está muy al pendiente de quienes cumplieron y de quienes no cumplieron”.

Al destacar el trabajo interinstitucional, en el que diversas dependencias sumaron capacidades, experiencia y disposición para acompañar a los ayuntamientos, el titular de la Secretaría de Fiscalización de este Congreso, Aurelio Rivera Galindo, dijo que esta coordinación permitió generar un esquema más ordenado, profesional y útil para las administraciones municipales.

“Hoy el Congreso del Estado cuenta con una metodología, criterios de revisión, información valiosa y experiencia institucional que permitirá seguir fortaleciendo la relación con los municipios”, concluyó.

Estuvieron presentes también el secretario de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, diputado Alejandro Porras Marín; las diputadas Citlali Medellín Careaga, María Elena Córdova Molina y Laura Nayeli Mejía Larios; la titular de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, Alma Leticia Patiño Gabriel; la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos (CEIGDH), Rocío del Carmen Bautista Parada, y el director del Invedem, Juan Francisco Marín Viveros, entre otras autoridades.

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• Reconoce la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, el cumplimiento de la gobernadora con los compromisos pactados con el pueblo.

Xalapa, Ver., 08 de julio de 2026.- En representación del Congreso del Estado, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, acompañó a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien entregó a pescadores y representantes del sector acuícola apoyos estatales adicionales al programa Bienpesca, derivado de las afectaciones que ocasionó en meses pasados la presencia de hidrocarburos en el Golfo de México.

La legisladora local destacó el cumplimiento de la Mandataria estatal con el pueblo del sur de Veracruz, toda vez que en la primera entrega de apoyos dijo que regresaría para incrementar la ayuda, “la palabra de nuestra gobernadora vale y mucho; hoy podemos constatar que los apoyos llegan directo a la gente, sin intermediarios y que se cumple con lo que se anuncia”.

Por otra parte, reconoció la labor del Gobierno del Estado, con especial énfasis en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), ya que se entregaron 9 millones 164 mil pesos a 2 mil 291 trabajadoras y trabajadores del sector en los municipios de Minatitlán, Coatzacoalcos y Cosoleacaque.

Detalló que en su natal Minatitlán, mil 418 personas recibieron un total de 5 millones 672 mil pesos; aunado a 684 que acceden a 2 millones 736 mil pesos en Coatzacoalcos y 189 reciben 756 mil pesos en Cosoleacaque.

Finalmente, manifestó que el Poder Legislativo, como depositario de la representación popular, vigila y constata que las acciones implementadas por el Poder Ejecutivo correspondan a las plasmadas en la ley y en los presupuestos públicos.

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Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVII Legislatura del estado, diputado Esteban Bautista Hernández, e integrantes de la Comisión Especial para la Atención a la Citricultura, diputadas Imelda Garrido Alvarado, María Elena Córdova Molina y Liud Herrera Félix, presidenta y vocales, respectivamente, se reunieron con autoridades del Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache, con quienes dialogaron acerca de diversos proyectos científicos enfocados en impulsar estrategias para el desarrollo de la citricultura regional.

En el encuentro, al que también asistió la diputada secretaria de la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático y de Protección y Bienestar Animal, Roxana Barragán Hernández, se acordó mantener el trabajo coordinado para proyectar futuras iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente en la entidad.

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• Además de la licenciatura en Derecho, podrán participar personas con estudios en contaduría pública, economía o administración pública.

Xalapa, Ver., 07 de julio de 2026.- El Pleno de la LXVII Legislatura del estado de Veracruz aprobó por mayoría de votos el dictamen de las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y de Vigilancia, que reforma el Artículo 67 de la Constitución Política del Estado para establecer que, además de la licenciatura en Derecho, para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), podrán participar personas con perfiles profesionales en áreas de contaduría pública, economía o administración pública.

En el dictamen, (que registró 39 votos a favor y siete en contra, sin abstenciones) resultado de la iniciativa presentada el pasado 30 de junio por el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén, las legisladoras y legisladores estimaron conveniente ajustar que la persona aspirante al cargo de titular del organismo autónomo no debe haber ocupado, durante el año previo al de su nombramiento, la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, de alguna secretaría de despacho, de la Fiscalía General del Estado (FGE), Senaduría, diputación local o federal, ni presidencia municipal.

De igual forma, las instancias dictaminadoras exponen que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado prevé, para la titularidad del Orfis, los perfiles de contador público, licenciaturas en derecho, economía o administración pública, así como la experiencia mínima que la propia ley determina en materia de control y auditoría, “la reforma ajusta el perfil constitucional exigido a la persona titular, para hacerlo compatible con la naturaleza de la función fiscalizadora y con lo dispuesto en la ley de la materia”, destaca.

Previamente, indican que el título de licenciado en Derecho acota el acceso  al cargo de perfiles profesionales igualmente idóneos para la revisión de las cuentas públicas, como los propios de la contaduría pública, la economía y la administración; por lo que consideraron viable la reforma al último párrafo de la fracción III del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

Al tratarse de una reforma a la Carta Magna del estado su aprobación se sujeta al procedimiento del Artículo 84 del propio ordenamiento, conforme al cual las reformas deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las diputaciones que integran el Congreso y, para formar parte de la Constitución, requerirán la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos; correspondiendo a esta Soberanía o a la Diputación Permanente el cómputo de los votos de los ayuntamientos y, en su caso, la declaratoria respectiva.

Posicionamientos

En nombre del Grupo Legislativo de Morena, el diputado Miguel Guillermo Pintos Guillén explicó que la reforma sustituye una remisión genérica por un catálogo directo de profesiones para quienes aspiren a ocupar la titularidad del Orfis. Agregó que la función fiscalizadora demanda perfiles profesionales que deben estar acompañados de experiencia acreditada en control, auditoría y rendición de cuentas, tal como lo establece la ley. 

Añadió que con esta reforma se garantiza que el Orfis sea encabezado por mujeres y hombres que posean una preparación técnica adecuada al ejercicio de las atribuciones, “limitar artificialmente el universo de aspirantes a un solo tipo de formación profesional no fortalecía la fiscalización. Hoy eliminamos esa restricción y abrimos la puerta a que los mejores talentos, con independencia de su disciplina de origen, puedan poner su conocimiento al servicio de la vigilancia del patrimonio colectivo”. 

La legisladora Citlali Medellín Careaga, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó que el dictamen abre el acceso a las profesiones vinculadas con la revisión del gasto público, con título expedido cuando menos cinco años antes del nombramiento; conserva las garantías de imparcialidad, porque quien ocupe la titularidad deberá mantenerse al margen de todo partido político, dedicarse por completo a la función y llegar sin haber ocupado cargos políticos de primer nivel en el año previo.

Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Indira de Jesús Rosales San Román indicó que debe dejarse por escrito en la ley que la persona que ocupe la titularidad del Orfis debe ser alguien imparcial.  De igual forma se pronunció por legislar para designar a personas objetivas y con experiencia en diversas áreas.

La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Elizabeth Morales García, precisó que la fiscalización ocupa un lugar importante en la vida democrática del estado debido a que contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Destacó que esta reforma actualiza la Constitución para que la persona titular del organismo autónomo cuente con el perfil profesional acorde con la naturaleza técnica de la responsabilidad que asumirá.

Por el Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina expresó que la fiscalización es una alta responsabilidad, toda vez que debe servir a las y los veracruzanos y no al gobierno en turno. Informó que no acompañan esta reforma ya que se cambian las “reglas del juego” previo al nombramiento de quien ocupe la titularidad del Orfis. 

Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la legisladora Ana Rosa Valdés Salazar criticó la reforma y consideró que es “a modo” para que venga una persona de fuera para la función fiscalizadora, “es un gran retroceso para Veracruz”.

La diputada Montserrat Ortega Ruiz lamentó que se quite el requisito de ser veracruzano para ocupar la titularidad del organismo autónomo y aseveró que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el principio de igualdad no impide establecer requisitos de acceso a cargos públicos. 

El legislador Héctor Yunes Landa dijo que con esta reforma se menosprecia el talento de miles de veracruzanos al seguir trayendo funcionarios de otras entidades. Agregó que es una estrategia para un blindaje alejado de los principios de certeza y seguridad, “además quitan el requisito del promedio mínimo de calificaciones durante su trayectoria profesional”.

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