La diputada María Candelas Francisco Doce presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz, que tiene como finalidad dar certeza jurídica a los poseedores de predios que, por alguna razón, no han sido regularizados.

En su intervención durante la Tercera Sesión Ordinaria, la legisladora subrayó que actualmente existen miles de terrenos e inmuebles irregulares por causas ajenas a quienes los ocupan o por motivos indirectos, en los que la autoridad no puede hacer más, al encontrar muy poco espacio en el ámbito de la Ley para su regularización.

Indicó que en Veracruz grandes extensiones de tierra, con el paso del tiempo, han sido fraccionados e incorporados a zonas urbanas sin regularizarse, “zonas donde habitan familias que, en su mayoría, no cuentan con recursos para costear un juicio”.

De esta manera, la legisladora plantea adecuar el Código Civil con la finalidad de dar certeza jurídica a los actuales poseedores de estos predios y así puedan mejorar sus condiciones socioeconómicas. “Ser propietario con pleno derecho permite utilizar el bien de que se trate para emprender cualquier iniciativa económica individual o familiar”, refirió.

La Diputada expuso que actualmente, el Código Civil, en su Capítulo del Registro Público de la Propiedad, reglamenta que las informaciones testimoniales de posesión y propiedad deben inscribirse dentro de los documentos y sean provenientes de juicios en jurisdicción voluntaria.

También establece cuándo procede la inscripción provisional de documentos y sus efectos, así como el término perentorio para su cancelación o inscripción definitiva, esto último en estricto sentido; en lo que respecta al capítulo de las informaciones ad perpetuam de posesión, prevé la forma de adquirir la propiedad del bien material de la inscripción, estableciendo un término condicional para la realización de la gestión de dicho procedimiento.

La diputada Candelas Doce manifestó que esta reforma ofrece también seguridad en el derecho de propiedad de los titulares de inmuebles sujetos a regularización, que además es garantía de patrimonio familiar y posibilidad de los titulares de los inmuebles

regularizados, para realizar la transmisión onerosa vía contrato de compraventa o gratuita por contrato de donación y por vía sucesión testamentaria o intestamentaria.

Además, que los titulares de los predios regularizados cuenten con bienes para darlos en garantía en la obtención de créditos otorgados a su favor por parte de la banca o por programas gubernamentales de fomento al campo o empresarial.

Para su análisis y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó a la Diputación Permanente un anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual se prevé exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus competencias, incorporen en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 los recursos necesarios y suficientes para culminar el proyecto del corredor Interoceánico de la región del Istmo de Tehuantepec.

En su intervención, durante la Tercera Sesión Ordinaria, el legislador del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, habló de lo que –consideró- serán grandes beneficios de este proyecto en la zona. “el Corredor está destinado a convertirse en una infraestructura de enorme trascendencia para el desarrollo de la región Sur- Sureste del país, posibilitando la intensificación y diversificación de las actividades económicas en la zona y convirtiéndose en una infraestructura que arrojará beneficios sociales de importancia en los municipios y comunidades istmeños”, agregó.

Previamente, expuso que este proyecto consiste en la conversión de la antigua ruta ferroviaria que comunica actualmente a las ciudades de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; cuyo fin es que sea una ruta de transportación (de pasajeros y de carga) que contribuya al desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a la modernización de esos dos importantes puertos.

Por ende, el diputado Guízar Valladares destacó que este Corredor Interoceánico no debe concebirse como un proyecto solitario, sino como un punto de inicio para otras obras como la remodelación y acondicionamiento de puertos, carreteras y aeropuertos en la zona. “Ofrecerá una mejor conectividad, múltiples ofertas de servicios, una red mundial de medios y, desde luego, un sistema de transporte”, indicó.

Asimismo, subrayó que traerá mejores condiciones de vida para la población, una economía incluyente y sustentable, respecto a la integridad de los pueblos indígenas, así como al medio ambiente, un nuevo modelo de crecimiento económico, nuevas bases de economía social y solidaria, proyectos productivos generadores de empleo e ingresos para la población local, entre otros.

Detalló que dicho proyecto tiene como finalidad otorgar diversos estímulos y beneficios como: crear una cortina de desarrollo en un tramo de 304 kilómetros para frenar la migración de mexicanos hacia el país vecino del norte; empleo con un enfoque de sustentabilidad ambiental y protección de la reserva de la biósfera de los Chimalapas; baja en los precios de los combustibles y reducción en el cobro de impuestos para quedar en tasas de 8 por ciento del IVA y 20 por ciento del ISR.

El legislador dijo que este proyecto pretende beneficiar a un millón 200 mil habitantes ubicados en 76 municipios de Oaxaca y Veracruz, en donde se ubican 788 localidades urbanas, de los cuales 11 mil 884 son hogares indígenas y 104 mil personas que viven en condiciones de alta marginación.

Por último, el diputado confió en que el Gobierno Federal impulse este proyecto, ya que –indicó- coincide con los que actualmente están previstos como la construcción del nuevo aeropuerto internacional en la base militar de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, en Tabasco; las cuales significan progreso para México.

El anteproyecto fue turnado por la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente.

Con el propósito de visibilizar la Violencia en el noviazgo y la Violencia Mediática o Publicitaria, para así actuar en consecuencia y sean implementadas políticas públicas para avanzar hacia la igualdad sustantiva, la diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui, presentó la iniciativa de decreto que adiciona las fracciones VIII y IX del artículo 8, así como los artículos 13 Ter, 13 Quater y los capítulos IX y X del título segundo, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Al participar durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, la integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) planteó incorporar, como modalidad de violencia contra las mujeres, la violencia en el noviazgo, entendiéndose éste como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, de manera particular a las adolescentes.

Lo anterior, mediante uno o varios tipos de violencia, durante o después de una relación de noviazgo, una relación afectiva, de hecho o una relación sexual.

En tanto, la Violencia Mediática o Publicitaria, refiere que es la que vemos todos los días, que se manifiesta en la prensa escrita, en los portales de internet, en la radio y en la televisión, donde se publican y difunden mensajes e imágenes estereotipadas de las mujeres que, de manera directa o indirecta, promueven su explotación, vinculada a la construcción de símbolos e ideas en los que las mujeres son humilladas, maltratadas, utilizadas como objeto de placer y que reproducen y legitiman relaciones de desigualdad y discriminación.

A través del artículo 13 Ter se prevé establecer que los gobiernos estatal y municipal, así como las autoridades en la materia, en el marco de sus respectivas competencias y de manera concurrente, deben implementar políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en el noviazgo.

Asimismo, en el artículo 13 Quater se busca señalar que todos los poderes públicos, incluidos los organismos autónomos, deben promover acciones para evitar que los medios de comunicación con cobertura en el Estado, generen y reproduzcan estereotipos de género en sus notas e imágenes.

En su intervención, la diputada Nora Lagunes precisó que la violencia mediática o publicitaria es diferente a la digital, toda vez que ésta última se refiere a la generada en redes sociales y en todas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), donde pueden ejercerse figuras como el grooming o sextorsión. Mientras que la mediática es la que reproduce imágenes estereotipadas de las mujeres o hacen apología de la violencia en la prensa, en los anuncios publicitarios y en las noticias, que exhiben el cuerpo de las mujeres como objeto, incluidas aquellas imágenes relacionadas con la comisión de delitos en su contra, como son los feminicidios.

La legisladora indicó que, de acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el 59 por ciento de las mujeres que tienen pareja han sufrido violencia física, emocional o sexual.

Sostuvo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tres de cada diez adolescentes denuncian que sufren o han sufrido violencia en el noviazgo. Además, que en México el 76 por ciento de las adolescentes, de entre 15 y 17 años, han sufrido violencia psicológica.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente para la Igualdad de Género.

El diputado Omar Guillermo Miranda Romero exhortó al Ejecutivo estatal a implementar en la entidad el programa Acompañarte, que promueve la Secretaría de Cultura del gobierno federal o, en su caso, un programa estatal, a fin de apoyar al sector de entretenimiento, oficios y servicios relacionados, perjudicado por la actual contingencia sanitaria.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional presentó a la Diputación Permanente un Anteproyecto con Punto de Acuerdo mediante el cual ofrece una alternativa para atender dichas fuentes de empleo.

Consideró que, a diferencia del sector turístico, el cual redujo su actividad 70 por ciento, quienes se dedican a la literatura, teatro, artes escénicas, danza, música y arte sonoro, artes visuales y medios audiovisuales, ingenieros y staff, animadores, DJs y demás oficios y servicios relacionados con éstos enfrentan una disminución de hasta 95 por ciento.

Omar Miranda añadió que este mecanismo ya ha sido implementado en el estado de Michoacán con una bolsa inicial de 10 millones de pesos, por la que se otorga un apoyo de más de seis mil pesos por beneficiado, pero, acotó, debe considerarse que Veracruz duplica la población que existe en Michoacán conforme al último censo.

Finalizó su exposición valorando la intervención estatal para abatir los índices de desocupación y la necesidad de implantar programas de apoyo al empleo, la reactivación económica, la recomposición de la base laboral y la recuperación de la actividad productiva de quienes han perdido su fuente de ingresos a causa de la pandemia.

El Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del Artículo 184 del Código Penal para el Estado de Veracruz, cuyo propósito es establecer que se configura el delito de violación cuando entre el activo y el pasivo existiese o haya existido, además de un vínculo matrimonial o de concubinato, una relación de pareja o de hecho.

La propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes, así como por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, integrantes del PRI-PVEM, destaca que así como ya se regula esa tutela en los casos de matrimonio y concubinato ahora se pretende ampliar a quienes no están unidos en ese tipo de relaciones.

Considera como pertinente y necesaria esta modificación para enfatizar, como ya sucede en los casos previstos de violación entre cónyuges o concubinos que, aun cuando existan o hayan existido relaciones afectivas y estables, no debe permitirse la vulneración del derecho a la libertad sexual de ninguna persona ni mucho menos la normalización social de esas conductas, al amparo de que entre el sujeto activo y la víctima haya una relación de pareja.

Asimismo, expone que en la mayoría de las entidades federativas de la República sus leyes punitivas, como ocurre con el Código Penal federal, establecen que el delito de violación puede ser cometido también entre cónyuges o concubinos, sobre la base de que el vínculo entre quienes se encuentren unidos mediante matrimonio o concubinato no justifica atentar contra la libertad sexual y la dignidad personal, como resultaría de practicar a alguien, sin su consentimiento y mediante violencia física o moral, la cópula o alguna conducta equiparable.

El Poder Judicial de la Federación –se lee en la Iniciativa- ha emitido ya diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que, aun cuando se trate de personas unidas en matrimonio o en cualquier otro tipo de relación familiar similar, es válido interpretar que se trata de una violación, si la conducta se comete en contra de la voluntad de la víctima.

Las y los proponentes señalan que en la mayoría de los códigos locales de las entidades del país y en el Código Penal federal esa modalidad del delito de violación sólo es perseguible por querella. En tanto que en Veracruz, como sucede también en Coahuila,

Hidalgo, Sinaloa y Sonora, no se encuentra acotada la procedencia del inicio de la investigación a esa forma de hacer del conocimiento de la autoridad ministerial la comisión del ilícito.

Consideran que es necesaria una disposición como la descrita, a fin de que cualquier persona sabedora del delito lo pudiera denunciar a la autoridad o que ésta pudiera iniciar de oficio las investigaciones al conocer del hecho. Sobre todo porque, en muchos casos, las víctimas no presentan las querellas por diversos factores como haber sufrido amenazas del agente activo, miedo a represalias, ignorancia de su procedencia jurídica, por necesidades económicas o cualquier otra circunstancia que impide, ante la falta de ese requisito de procedibilidad, accionar la potestad punitiva, indica.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos,presentó una iniciativa de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que el informe de las acciones municipales emprendidas durante el año de ejercicio constitucional, sean específicas y en concordancia con lo establecido con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) así como en lo concerniente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Asimismo, la iniciativa busca promover un lenguaje incluyente y con perspectiva de género, reconociendo el lugar de las mujeres que tienen la titularidad de un Gobierno Municipal, determinando las adecuaciones precisas en la redacción del artículo en comento, además de sustituir el término “los ciudadanos” por “la ciudadanía”, tal como lo mandata la Carta Magna en el artículo 35.

El legislador señaló que esta propuesta deriva de que se ha detectado que en ocasiones la rendición de cuentas que emiten las autoridades municipales para la población y el Ayuntamiento, no siempre enlazan lo enunciado en el PMD con lo presentado en su informe, generando frecuentemente impresión social “de que son simples lecturas de buenas intenciones y de hechos inalcanzables”, puntualizó.

En el mismo sentido, la propuesta coincide en que dicho acto siga efectuándose en sesión pública y solemne de Cabildo, pero para fortalecer esos principios, se plantea que el contenido íntegro del informe deberá publicarse, a más tardar el día siguiente de su presentación, en los medios de difusión con los que cuente el Ayuntamiento.

“En Veracruz, se viven tiempos de transformación, mismos que exigen servidoras y servidores públicos que se dirijan en la legalidad y que estén comprometidos cabalmente con sus respectivas responsabilidades, por lo que ya no hay cabida para administraciones en las que sus titulares simulaban e improvisaban, y sus actuaciones de ninguna manera mantenían concordancia entre el decir y el hacer”, concluyó.

A la iniciativa se adhirió el grupo legislativo de Morena y fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación para su estudio y dictamen y para su para opinión a la Comisión Especial para el Seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.