Con el objeto de restructurar los preceptos relativos al incumplimiento de obligaciones alimentarias en el Código Penal estatal, las y los integrantes del Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), presentaron una iniciativa de reforma a la denominación del capítulo II del título VIII “Delitos contra la Familia” del Libro Segundo y los artículos 236, párrafos primero y segundo, y 238, del citado Código.

De acuerdo a la propuesta de las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y de los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, a quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a cualquier persona respecto de quien tenga la obligación legal de hacerlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Las sanciones se incrementarán en un tercio, si la persona a la que no se le proporcionen alimentos cuenta con alguna discapacidad, trastorno o condición que le impida allegarse, por sí misma, de los recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Por otra parte se establece que este delito, Incumplimiento de la Obligación de Dar Alimentos, se perseguirá por querella del ofendido o de su representante legal y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el juez que corresponda designe un tutor especial para los efectos de este precepto.

Tras exponer detalles sobre las sanciones establecidas en diferentes legislaciones de entidades del país respecto a este delito, se advierte que la obligación de dar alimentos puede estar a cargo de diversas personas; por lo que los autores de la iniciativa no consideran adecuado que el delito expresamente previsto en la ley penal para ese caso sólo se limite al supuesto de que el obligado sea el progenitor y que las víctimas únicamente puedan serlo las hijas o hijos.

Lo anterior, debido a que también podrían ser sujetos activos los ascendientes distintos a los padres, las y los hijos o descendientes diversos a éstos, las hermanas o hermanos y otros parientes colaterales, los tutores, las y los cónyuges y ex cónyuges y las y los concubinos y ex concubinos. En tanto que los pasivos, además de los hijos, podrían ser

los padres, hermanos, sobrinos, nietos, pupilos y quienes sostengan o hayan sostenido una relación de matrimonio o de concubinato con el deudor alimentario.

De esta manera, el PRI-PVEM propone, como sucede en otras entidades del país, que el delito de Incumplimiento de la obligación de dar alimentos se actualice no sólo cuando las víctimas sean las hijas e hijos sino, en general, cuando quien no los reciba sea cualquier persona con la que se tenga la obligación legal de hacerlo.

Con ello, se suprimiría el tipo penal de abandono de familiares, por carecer de razonabilidad jurídica y porque, adicionalmente, de la actual descripción de éste se desprende que, a pesar de su denominación, no en todos los casos se actualiza la relación familiar.

La iniciativa fue turnada, para el trámite legislativo correspondiente, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La Diputación Permanente aprobó este miércoles la enajenación de diversos terrenos de los municipios de Coatzintla, Filomeno Mata, Lerdo de Tejada y Oluta.

Diputadas y diputados conocieron y respaldaron los respectivos dictámenes de la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo Legal que analizó cada caso y se pronunció a favor de ellos.

En el caso de Coatzintla, el Congreso autorizó al Ayuntamiento a vender ocho terrenos de su Fundo Legal a favor de igual número de posesionarios. Es decir: la medida tendrá por objeto regularizar y dar certeza jurídica a las familias que de por sí ya ocupan esos inmuebles.

Al Ayuntamiento de Filomeno Mata, por su parte, se le aprobó donar un terreno de poco más de tres mil metros cuadrados en la calle Tulipán, de la colonia Los Vázquez, a favor de la Secretaría de Educación de Veracruz, ya que en dicha superficie se encuentra asentada la Secundaria Técnica Agropecuaria 159. La donación permitirá normalizar la situación jurídica del plantel.

En Lerdo de Tejada, se autorizó al Ayuntamiento enajenar nueve lotes en el Centro de la cabecera municipal, mismos que también se encuentran en posesión de particulares y que, de esta manera, se podrán adquirir títulos de propiedad.

La mayor autorización fue el caso de Oluta, donde el Ayuntamiento podrá vender 51 terrenos que, al igual que los casos anteriores, ya se encuentran habitados por quienes se beneficiarán con la venta.

El artículo 33 de la Constitución de Veracruz señala que, entre otras, es atribución del Congreso autorizar a los Ayuntamientos “la enajenación, gravamen, transmisión de posesión o dominio de bienes” que formen parte de la hacienda municipal.

Integran la citada Comisión los diputados Bingen Rementería Molina, Ricardo Arturo Serna Barajas y Carlos Manuel Jiménez Díaz, presidente, secretario y vocal, respectivamente.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado autorizó a 50 personas trabajadoras del sector salud a ocupar dos plazas laborales en horarios de servicio que resultan compatibles entre sí.

Se trata de un trámite regular que permite a servidoras y servidores públicos desempeñar, por ejemplo, un trabajo en las mañanas y otro por las tardes; o cumplir con una jornada de lunes a viernes y otra los sábados y domingos.

La Constitución del Estado –artículo 82- expresamente prohíbe que una persona ocupe dos encargos públicos, “salvo previa autorización del Congreso o la Diputación Permanente”.

En este caso, diputadas y diputados conocieron los 50 dictámenes a favor emitidos por las Comisiones Permanentes Unidas de Salud y Asistencia y de Trabajo y Previsión Social y se pronunciaron por la aprobación de todos.

De la ciudad de Xalapa fueron autorizados Federico Aguirre Hernández (médico), Zaira Beatriz Ávila García (administrativa), María del Carmen Borromé Martínez (enfermera), Faraón Borromeo Gallardo (dentista), Diana Aurora Bretón Espino (administrativa), Irving René Franyutti Barradas (técnico mecánico), David García García (químico), Bertha Patricia Genaro García (administrativa), Rached Osorio Elías (médico), Isidro Quiñones Hernández (administrativo), Lidia Seseña Ángeles (psicóloga) y Heriberto Vite Chávez (médico).

De Martínez de la Torre: Juana Guevara Aggi (enfermera), María del Rocío Guzmán Morales (médica), Yerson Abraham Hernández Santiago (médico), Rosa María Herrera López (psicóloga), Andrés Ledezma Infante (médico), María de los Ángeles León Hernández (médico), Rodrigo Marín del Moral (médico), Carlo Arend Marín Rojas (laboratorista), Armando Ruiz Sánchez (técnico), Alfredo Santoyo Portilla (administrativo) y Victoria Téllez Reyes (médica).

De Tuxpan: Catalina Capistrán Malerva (enfermera), Eneida Cruz Bautista (enfermera), Nallely del Ángel Ortiz (enfermera), Aldegunda Franco Domínguez (enfermera), Rocío Gorrochotegui Escalante (administrativa), Silvia Hernández Francisco (enfermera), Carlos Hiram Hernández Martínez (técnico radiólogo), Julio César Méndez Pérez (médico), Héctor Mario Pérez Pérez (médico), Juan Carlos Quintal Martínez (médico), Leonor Reyes de la Cruz (enfermera), Yolanda Reyes Ramírez (enfermera), Julio César Salazar Cortés

(médico), Beatriz Suet Hernández (técnica radióloga), Idalit Uribe Santiago (enfermera) y Daniel Vargas Santés (médico).

De Veracruz: Fabiola Cruz Garrido (médica), Darío Antonio Rizo Nájera (médico) y Jorge Alberto Rodríguez Sánchez (médico).

De Ixhuatlán del Sureste: Idelfonso García Arenas (médico) y Mireya Margarita León Cázares (médica).

Asimismo: David Carrera Ortega (médico, Tlalixcoyan-Boca del Río), Carlos Miled Castro Rodríguez (médico, Huatusco), Érika Durán Cruz (enfermera, Emiliano Zapata-La Antigua), Loreto García Gómez (médico, Orizaba-Río Blanco), Modesto Martínez Bello (médico, Atzalan) y Adán Pérez Castillo (médico, Altotonga-Atzalan).

La Diputación Permanente turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Organización Política y Procesos Electorales una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Mónica Robles Barajas.

De acuerdo con la propuesta, tras las reformas a la Constitución local y al Código Electoral, para evitar malinterpretaciones en el cálculo del mismo por parte de la autoridad administrativa electoral, resulta importante correlacionar los criterios para calcular y ministrar los montos a que tengan derecho los partidos políticos y candidatos independientes por concepto de financiamiento público y franquicias postales.

En aras de eficientar el ejercicio del gasto público, tomando como base el principio de austeridad republicana, la iniciativa propone suprimir el monitoreo de medios que realiza el Organismo Público Electoral, en atención a que se trata de una atribución del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, propone que sea la autoridad citada la que lleve a cabo de forma exclusiva el programa de resultados electorales preliminares; recupere, concentre y reutilice el material electoral; organice debates de forma virtual e incremente la vigilancia del voto público, evitando la comisión de actos u omisiones que tengan como propósito la violación del voto público.

Contempla, además, que la implementación y operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad sean atribuciones exclusivas del Organismo, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional Electoral.

Así también, organizar los debates entre los candidatos a cargos de elección popular local, así como accionar de forma oportuna cualquier medida legal necesaria para impedir la perturbación del voto público y el fraude electoral durante los actos preparatorios, la jornada electoral y los procesos de cómputo que le corresponda vigilar.

Finalmente, propone que las áreas y personal tanto del Organismo Público Local Electoral y del Tribunal Electoral de Veracruz atiendan el criterio de sustancialidad con el objeto constitucional y legalmente que es el de organizar elecciones y dirimir las controversias en

la materia, evitando aquellas áreas no sustantivas. Todo esto, con el fin de que los Órganos Electorales del Estado garanticen el uso de los recursos económicos destinados a los procesos electorales de forma eficaz y eficiente.