Con la finalidad de abonar a la profesionalización en el servicio público y garantizar que en la designación o nombramiento de personas que ocupen cargos de importante responsabilidad en el ámbito estatal se privilegien los conocimientos y la experiencia profesional, el Grupo Legislativo de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México (PRI-PVEM) presentó a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

La propuesta, turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, refiere que, de aprobarse estas reformas, se posibilitará un mejor desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de las responsabilidades conferidas, lo cual se reflejará en beneficio de la colectividad.

De acuerdo con la iniciativa presentada por las diputadas Erika Ayala Ríos y Andrea de Guadalupe Yunes Yunes y por los legisladores Jorge Moreno Salinas y Antonio García Reyes, los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública, además de ser veracruzanas o veracruzanos y contar con título profesional, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, deberán contar la cédula profesional respectiva.

Al contar con su cédula profesional en el ejercicio de sus funciones, las personas designadas titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, magistradas o magistrados del Poder Judicial o titulares de los organismos autónomos del Estado garantizarían a la ciudadanía que no sólo cuentan con el grado académico exigido, sino que también han ejercido legalmente su profesión, lo cual se acredita con el mencionado documento.

Al respecto, la iniciativa refiere que en el Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre está prevista la obligatoriedad de que quienes sean nombrados Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Director de Obras Públicas o de la Contraloría deberán contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional, afines a la naturaleza del cargo y con una antigüedad mínima de un año al día de su designación.

Expone que, si desde el orden de gobierno municipal se exige contar con cédula profesional para desempeñar determinados cargos públicos, no debería existir oposición lógica a establecer ese mismo requisito para quienes aspiren a ser nombrados titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o de los organismos constitucionalmente autónomos.

Mismo caso para poder ser juez o jueza o a quienes pretendan obtener los nombramientos de magistrada o magistrado del Poder Judicial del Estado, como ya ocurre en otras entidades federativas.

Por otra parte, se prevé suprimir del Artículo 58 de la Carta Magna, relativo a los requisitos para ser Magistrada o Magistrado, la remisión contenida en su fracción V a los demás que señale la ley, toda vez que, para el caso concreto, los requisitos previstos en las primeras cinco fracciones del artículo citado se corresponden, en lo general con lo dispuesto al efecto por el artículo 95 de la Constitución federal.

Asimismo y para evitar remisiones innecesarias a la legislación secundaria en materia de requisitos para ocupar cargos públicos, proponen derogar el inciso f) de la fracción VI del Artículo 67 constitucional, relativo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), ya que en dicho inciso se advierte que lo dispuesto en sus fracciones es idéntico a lo plasmado en el texto constitucional relativo.

Por último, en cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), proponen establecer la remisión o reenvío, en materia de requisitos para ocupar la presidencia de la primera y los cargos de comisionadas o comisionados y titular de la Secretaría Ejecutiva en la segunda, a lo que al efecto dispongan las leyes en la materia, de tal forma que exista base constitucional para el desarrollo normativo en la legislación secundaria.

La LXV Legislatura dio entrada a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidados y Desarrollo Integral
Infantil para el Estado de Veracruz, enviada por el Ejecutivo estatal, Cuitláhuac García
Jiménez, cuyo objeto es armonizar la normativa estatal vigente con la Ley General y las
demás normas oficiales aplicables en materia de protección civil.

En el mismo sentido, se prevé la instalación del Consejo Estatal de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil como instancia
normativa, de consulta, monitoreo, vigilancia y coordinación en la materia la cual fungirá
como ente rector en el funcionamiento integral de los Centros de Atención Infantil (CAI),
dando vigilancia a las disposiciones previstas.

Asimismo, determina que todos los CAI de los sectores público, privado y mixto, deberán
registrarse ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Veracruz (DIF Estatal), quien será la encargada de llevar el control del Registro Estatal y
las demás disposiciones de la Ley Estatal y su Reglamento.

Con esta propuesta, también se establece la obligatoriedad para que todos los CAI de
Veracruz, implementen un programa interno y específico de protección civil que permita
resguardar la integridad física de las niñas y niños que asisten diariamente a las
guarderías e instancias infantiles de la entidad.

El documento también detalla la forzosa supervisión de las condiciones en las que se
encuentren los inmuebles donde operen los CAI. Asimismo que cuenten con el equipo y
mobiliario idóneo para la prestación del servicio, con rutas de evacuación y señalización
adecuadas, así como la instalación de medidas de prevención relacionadas con ejercicios
de simulacros ante posibles contingencias.

Del mismo modo, se contará con un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá
ser aprobado por la Secretaría de Protección Civil o por las direcciones o área encargada
de la materia a nivel municipal, sometiéndose a evaluación periódica conforme al artículo
84 de la Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgo de Desastres para el Estado de
Veracruz y demás normatividad en la materia.

La Ley General, publicada el 24 de Octubre de 2011 en el Diario Oficial de la
Federación, determina en uno de sus transitorios el deber de las entidades federativas
de regular el funcionamiento y obligación en todo CAI del país, de acuerdo a la realidad
y exigencias que surjan, dando garantías a las niñas y niños toda vez que se establecen
de manera clara y precisa las condiciones esenciales de protección civil.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la
Familia.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Juan Javier Gómez Cazarín, y sus homólogas Rosalinda Galindo Silva y Margarita Corro Mendoza, así como el secretario general del Congreso del Estado, Domingo Bahena Corbalá, y personal administrativo de esta Soberanía, participaron en una jornada de chapeo y pinta de guarniciones y señalamientos en las inmediaciones del Palacio Legislativo, como colaboración a las labores de orden, limpieza y embellecimiento que realizan Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Xalapa en las calles de esta ciudad.

La Comisión Permanente de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura participó en
una reunión de trabajo interinstitucional que tuvo como propósito avanzar en la
elaboración del Proyecto de Ley para la creación del Centro de Conciliación Laboral y en
la armonización de la legislación local con la reforma federal en la materia.

La presidenta de esta comisión, diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, reconoció el
ánimo de colaboración de los tres poderes del Estado y advirtió que el Centro de
Conciliación Laboral facilitará el flujo de soluciones a los conflictos entre trabajadores,
patrones y demás sujetos del derecho laboral.

En presencia de la secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Gobierno
del Estado, Diana Aróstegui Carballo, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, magistrada Sofía Martínez Huerta,
reconoció la visión del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al enviar a esta Soberanía
una Iniciativa que derivara en la expedición de una ley que regulara la organización y
atribuciones del Centro de Conciliación Laboral y otorgara al Poder Judicial la facultad
para dirimir controversias en la materia.

El pasado 9 de enero, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la LXV Legislatura presentaron ante el
Pleno el Dictamen de Decreto correspondiente que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz en Materia de
Implementación a Nivel Local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral.

De acuerdo con este Dictamen, aprobado con 41 votos, sin abstenciones ni votos en
contra, el Centro de Conciliación local en materia laboral será un organismo
descentralizado, dotado de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de
gestión, así como de personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la función
conciliatoria a que se refieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos jurídicos estatales.

También participaron en la reunión de trabajo el presidente de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, Guillermo Benjamín Díaz Martínez; el subsecretario jurídico y de
Asuntos Legislativos de Gobierno del Estado, Diego Castañeda Aburto, así como
representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Secretaría de la
Comisión legislativa mencionada.

El trabajo de colaboración que realizan el Congreso del Estado y el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis) tiene como único propósito asegurar el uso
responsable y transparente de los recursos públicos, mediante la aplicación irrestricta e
imparcial de la Ley, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, diputado Rubén Ríos Uribe.

Al asistir, al acto cívico por el 199 aniversario de la firma de los Tratados de
Córdoba, en esta ciudad, el legislador dijo que esta conmemoración “nos recuerda que
México es un país de leyes y que Veracruz ha desempeñado un papel fundamental en la
conformación y la consolidación de las instituciones del Estado mexicano”.

Dijo que, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia y la Secretaría de
Fiscalización, “el Congreso del Estado cumple con la encomienda ciudadana de exigir a
los gobiernos municipales honradez absoluta en el destino de los recursos que son del
pueblo y dar la certeza de que cada peso que el contribuyente aporta redundará en mejor
educación, salud, seguridad e infraestructura”.

Para tal fin –refirió-, la mencionada comisión dictaminadora acordó la implementación de
Revisiones de Gabinete a 44 municipios de la entidad, al considerar que existen pruebas
suficientes para este procedimiento, con el fin de detectar posibles quebrantos, siempre
con apego escrupuloso a la norma, con objetividad y sin sesgo alguno.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Juan Javier Gómez
Cazarín, también presente en el acto conmemorativo, aseveró que el Congreso de
Veracruz se conduce con apego incondicional a la Ley, respetando los mandamientos
judiciales que emanen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como
sucede con los casos de los magistrados que apelaron su separación del cargo.

Aseguró que, en el caso del Presidente Municipal suplente de Actopan, el Congreso se
mantiene a la espera del resolutivo final de la Suprema Corte y al pendiente de la
situación en que se encuentran los municipios de Coetzala y Rafael Delgado, cuya paz y
tranquilidad –dijo- no son negociables.
“Pueden tener la seguridad y la confianza de que donde sea imperativa la actuación del
Congreso ahí se hará valer la Ley, que es nuestro principal instrumento para vivir en
armonía y orden”, aseguró Gómez Cazarín.

“El respeto a la ley y la unidad de esfuerzos desde el servicio son primordiales e
indispensables para ejercer la gobernabilidad”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva
del Congreso del Estado, diputado Rubén Ríos Uribe, al recibir en sus oficinas al
presidente municipal de Coetzala, Joaquín Fortino Cocotle Damián, a la síndica Josefina
Gallardo Hernández y a la regidora Brenda Flores Apale.

Durante la reunión con los integrantes del Cabildo, el legislador dijo estar convencido de
que “el respeto a los principios que nos rigen en la Constitución Política del Estado y
consecuentemente en la Ley Orgánica del Municipio Libre asegura la gobernabilidad de
un municipio, lo que indudablemente redunda en favor de los habitantes de Coetzala”.

Al referirse a la necesidad de contar con servidores públicos comprometidos que
respalden a las y los veracruzanos, aseguró que confía en que este municipio de la zona
centro de la entidad no es la excepción, sin embargo, señaló, “para que exista legalidad
constitucional a favor de nuestra gente se tiene que dejar atrás las diferencias”.

Las autoridades de Coetzala, a su vez, le expusieron sus puntos de vista, expresaron
parte de su experiencia en el desempeño del mandato constitucional en el nivel local y
coincidieron con el Presidente del Congreso en la disposición de trabajar unidos,
manteniendo el diálogo respetuoso y constante, siempre dentro del marco legal vigente.

Ríos Uribe agradeció la visita de los servidores públicos, a quienes reiteró que las
diferencias se superan con diálogo y que “nuestro trabajo consiste en seguir siendo un
gobierno apegado incondicionalmente a la legalidad, demócrata y cuyas acciones
aseguren el bienestar de las y los veracruzanos”.