Comparece titular del IVAI ante el Congreso

Comparece titular del IVAI ante el Congreso

Integrantes de la LXV Legislatura atendieron la comparecencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). La comisionada presidenta del Instituto, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, desarrolló el contenido del informe entregado a esta Soberanía y que da cuenta del trabajo realizado por el organismo local de enero a diciembre de 2020.

En la primera etapa de la comparecencia, la funcionaria destacó la transformación administrativa, jurídica y social lograda en el Instituto durante los últimos seis meses y expuso que el órgano garante local incrementó la promoción del acceso a la información pública como un derecho y una obligación y aplica la ley sin sesgos.

Austeridad y control del gasto público

De acuerdo con su titular, el IVAI se ha conducido con austeridad, ahora con una administración responsable en la aplicación de los recursos y el control del gasto público, luego de la toma de medidas como la cancelación de los bonos extraordinarios a excomisionados y titulares de las secretarías Ejecutiva y De Acuerdos.

También mencionó la reducción de entre 70 a 100 por ciento en comparación con lo ejercido en 2019 en gastos en viáticos, atención a visitantes y combustibles. Además, en 2020, se logró liquidar el impuesto estatal que se adeudaba de 2017, así como el pasivo de rentas correspondientes a 2016 y 2017.

La Comisionada Presidenta informó también que la sede del IVAI fue trasladada a un inmueble rescatado y remodelado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), además del equipo tecnológico incorporado a las áreas que contaban con dispositivos deficientes, con una inversión cercana a un millón de pesos, producto de las medidas de ahorro implementadas.

Ante las y los diputados, reconoció que el Instituto enfrenta situaciones jurídicas y administrativas complejas, debido a 12 juicios laborales: tres en etapa de ejecución con un monto de 8 millones de pesos y nueve como pasivo contingente y sumados al adeudo heredado del ISR sobre sueldos y salarios.

Transparencia y acceso a la información

Al destacar que, con un padrón de 380 entes públicos, Veracruz es el tercer estado del país con más sujetos obligados, precisó que, durante 2020, la ciudadanía realizó más de 21 mil 600 solicitudes de acceso a la información a diferentes sujetos obligados, a través de la plataforma nacional de transparencia y del sistema Infomex-Veracruz. Además, con 138 mil solicitudes entre 2016 y 2020, Veracruz ocupa el cuarto lugar en el país en número de peticiones.

Con mil 345 –prosiguió la funcionaria-, el IVAI fue la institución que más solicitudes de información recibió en ambas plataformas. Como sujeto obligado, atendió las solicitudes remitiendo una respuesta en un tiempo promedio de 5.5 días y recibió más de 2 mil 600 solicitudes de información enviadas al Instituto durante 2019 y que no fueron atendidas y dio trámite a casi la mitad de éstas.

En cumplimiento a la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el IVAI recibió 222 informes sobre solicitudes de acceso a la información y 212 índices por rubros temáticos de los expedientes clasificados como reservados, ambos correspondientes al primer semestre de 2020.

Además, señaló la Comisionada Presidenta, se encontró un rezago de más de tres mil recursos de revisión en trámite de los años 2018, 2019 y del primer trimestre de 2020, además 885 denuncias por obligaciones de transparencia sin resolver.

Añadió que, en 2020, la ciudadanía interpuso mil 200 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 17 denuncias de datos personales. En calidad de sujeto obligado, el IVAI recibió un total de 110 recursos de revisión interpuestos en contra de las respuestas emitidas por las distintas áreas; el 98 por ciento cumplió con las expectativas ciudadanas.

Capacitación y socialización de la información

En el contexto de la pandemia por Covid-19, el IVAI ha privilegiado los espacios virtuales para la realización de capacitaciones, asesorías, promoción y resolución de medios de impugnación. En este sentido, fueron impartidos 108 cursos, 23 presenciales y 85 virtuales, lo que permitió llegar a más de 7 mil participantes, con un incremento superior al 200 por ciento en relación con 2019 y de 122 por ciento en relación con el número de cursos programados para ese año.

Naldy Patricia Rodríguez destacó también la participación de Veracruz en el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), una política pública cuyo objetivo es incrementar en la población el aprovechamiento del acceso a la información.

La servidora pública concluyó su exposición asegurando que desde el IVAI “buscamos incidir en las generaciones presentes y futuras conscientes de los derechos que tienen para ejercer. El derecho a la información es una necesidad social, es una llave que permite el acceso al bienestar colectivo solidario, responsable y copartícipe al que aspira toda verdadera democracia”, finalizó.
Trabaja Congreso en la implementación del Sistema de Justicia laboral

Trabaja Congreso en la implementación del Sistema de Justicia laboral

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Veracruz, sostuvo una reunión de trabajo interinstitucional para estudiar y analizar la propuesta para la implementación del Sistema de Justicia Laboral en la entidad.

En dicha reunión, participaron la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Diana Estela Aróstegui Carballo, titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, así como representantes de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Presenta Héctor Yunes Punto de Acuerdo en el Congreso para que se investiguen caso Orizaba

Presenta Héctor Yunes Punto de Acuerdo en el Congreso para que se investiguen caso Orizaba

Ciudad de México, 16 de febrero de 2021.-
El diputado federal Héctor Yunes Landa presentó hoy, ante el Pleno de la Cámara
de Diputados, un Punto de Acuerdo para condenar la intervención arbitraria de
las fuerzas de seguridad federal y estatal en el municipio de Orizaba y
exhortar al gobierno de Veracruz para que actúe en estricto apego a derecho y
en un marco de absoluta transparencia para que no ponga en riesgo la paz y la
seguridad de la población.

El legislador veracruzano también propuso
un exhorto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz para que, en el
marco de sus atribuciones, garantice los derechos humanos y garantías
constitucionales de los elementos de la policía municipal y a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para que se pronuncie sobre las acciones
realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado en
aquel municipio.

En el documento se señala que es
fundamental transparentar los hechos ocurridos en la ciudad de Orizaba, con el
propósito de garantizar la paz y legalidad, y que no se utilice como pretexto
para sacar ventaja político-electoral.

Yunes Landa dijo que la policía municipal
de Orizaba ha sido reconocida como una de las mejor preparadas del país, donde
todos sus elementos han sido evaluados mediante exámenes de control de
confianza; insistió en que la detención de dos de sus elementos fue ilegal,
como lo confirmó el juez del caso, por lo que ayer mismo obtuvieron su
libertad.

Recordó que en 2019, durante la presente
administración, Orizaba fue el único municipio del país que participó
activamente en el Encuentro Nacional de la Red de Mesas Ciudadanas de Seguridad
y Justicia de la Fundación México SOS. En este evento, con la participación de
autoridades y sociedad civil, se expuso el modelo de seguridad del municipio
siendo reconocido como un modelo a seguir y una muestra tangible de la voluntad
conjunta de autoridades y ciudadanos.

Dijo también que el gobierno municipal y
su policía recibieron el apoyo de la ciudadanía, luego de que cámaras
empresariales, comerciantes, transportistas y hasta la Diócesis de Orizaba, la
activista de derechos humanos María Elena Morena y el exdirector del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón, expresaron su
rechazo a la intervención del gobierno estatal.

El Punto de Acuerdo también fue signado
por las diputadas y diputados Anilú Ingram Vallines, Juan Ortiz
Guarneros, Manuel Hernández Limón, Enrique Ochoa Reza, Mariana Rodríguez Mier y
Terán, Fernando Galindo Favela, María Lucero Saldaña Pérez, Claudia Pastor
Badilla, Benito Medina Herrera, Ximena Puente de la Mora y Eduardo Zarzosa
Sánchez.

Recibe Congreso comparecencia de la Fiscal General del Estado

Recibe Congreso comparecencia de la Fiscal General del Estado

La LXV Legislatura inició el período de comparecencias de los organismos autónomos del Estado correspondiente al ejercicio 2020. La Comisión Permanente de Procuración de Justicia recibió la comparecencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.

En el Recinto Oficial de Sesiones y observando las medidas sanitarias prescritas, el diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente, condujeron los trabajos.

En su exposición, la servidora pública aseguró que en Veracruz la procuración de justicia se aplica sin distingos bajo los principios de legalidad, honradez, objetividad, profesionalismo, autonomía y rendición de cuentas. Dijo que, aun con las condiciones actuales por la pandemia, se ha logrado optimizar la procuración de justicia en el estado.

Más atención, menos incidencia delictiva

Al informar del inicio de 86 mil 571 carpetas de investigación iniciadas, un total de 69 mil 030 determinadas y un incremento de 102 por ciento, destacó la solventación total del rezago en materia de registro de carpetas de investigación y el abatimiento del 52 por ciento del atraso del sistema penal acusatorio y 80 por ciento del sistema inquisitivo penal.

Mencionó también el incremento en el número de personas detenidas puestas a disposición, 21.4 por ciento; en la productividad en audiencia de control, 24.8 por ciento; las vinculaciones a proceso, 40.9 por ciento, y las sentencias condenatorias, 50.6 por ciento.

En contraste, señaló el descenso de delitos de alto impacto, 11.7 por ciento; homicidio doloso y extorsiones, 10 por ciento; secuestro, 59 por ciento; feminicidio 19.2 por ciento y robo de vehículo automotor, 21.3 por ciento.

Las detenciones de presuntos secuestradores incrementaron en casi 62 por ciento respecto a 2019, fueron desarticuladas 31 bandas que operaban en el estado y se lograron sentencias condenatorias de hasta 72 años.

A esto sumó el fortalecimiento de las Unidades de Atención Temprana (UAT), que registró 84 mil 423 atenciones, y la implementación del Sistema de Citas UAT para agilizar los tiempos de espera y gestión.

Colectivos y familiares de víctimas de desaparición

Verónica Hernández Giadáns informó también que se ha incrementado el número de fiscales en la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, dándole autonomía operativa para la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Informó que, el 3 de diciembre el año pasado, en el municipio de Nogales, se dio el banderazo inicial de la construcción de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses, que –explicó- permitirá avanzar en el proceso de identificación y duplicará la capacidad de operación.

La Fiscal General del Estado, expuso también que, en la atención a pueblos indígenas, se realizaron 643 visitas a comunidades y 77 visitas a centros penitenciarios; además, las y los intérpretes traductores incrementaron la atención 108 por ciento respecto a 2019.

Fortalecimiento estructural de la FGE

En materia administrativa y gestión de recursos públicos, la titular de la FGE habló de la inversión de 56 millones de pesos para lograr la homologación salarial de mil 294 servidores públicos, beneficiando a 437 fiscales, 550 policías, 266 peritos y 41 fiscales facilitadores.

Añadió la regularización de la situación laboral de 247 servidores públicos con más de 20 años de servicio y la entrega de estímulos económicos a 237 servidores públicos por años de servicio. Además, dijo la Fiscal, se duplicó el suministro de combustible, refacciones, reactivos, municiones, equipo de cómputo y radiocomunicación, entre otros.

Refirió que derivado del convenio con el Instituto de Pensiones (IPE) se realizó el pago de contribuciones patronales por la cantidad de 43 millones 368 mil 924 pesos para regularizar el rezago que presentaba un agravio para trabajadores de la FGE. A la fecha, agregó, se han logrado incorporar un total de 346 servidores públicos de nuevo ingreso, entre fiscales, policías ministeriales, peritos y personal administrativo.

De acuerdo con su titular, con 422 elementos que han obtenido su Certificado Único Policial, la FGE ocupa uno de los primeros lugares en el nivel nacional en cuanto al Servicio Profesional de Carrera.

Finalmente, Verónica Hernández hizo un reconocimiento a las y los trabajadores del órgano especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que con solo el 40 por ciento del personal operativo laborando elevó en un 10 por ciento las personas atendidas y en un 34 por ciento las Carpetas de Investigación determinadas.

Al término de la exposición de la Fiscal General del Estado, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia procedió a coordinar las dos rondas de preguntas de las y los diputados presentes.
Plantea Gobernador reformas al Código Penal del estado

Plantea Gobernador reformas al Código Penal del estado

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió a este Congreso una Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal de Veracruz, en materia de extorsión, robo, despojo, ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y delitos contra la seguridad de la comunidad.

La iniciativa propone ampliar y endurecer penas y multas concernientes a los delitos en contra de la libertad, incorporando la extorsión contra la comunidad comercial y de trabajo, duplicándose las penas cuando los delincuentes sean servidores públicos y/o estén o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.

En este sentido, señala la propuesta, es necesario reforzar las acciones legislativas para la correcta aplicación de la Ley garantizando el estado de derecho a la ciudadanía, toda vez que algunas conductas de extorsión encuadran con lo tipificado como “Cobro de derecho de piso”, coartando la libertad de los agraviados.

Asimismo, se plantea el incremento de las penas a las conductas de ultraje a la autoridad, con el objetivo de que sean acorde con el hecho criminal que representa, ya que trastoca, en el marco del ejercicio de las funciones del servidor público, la protección del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana.

Además, aunque la normativa actual regula la utilización de equipos de comunicación ocupados para el “halconeo” o “espionaje”, estos conceptos resultan muy subjetivos, dificultando la imputación del delito por parte de la Fiscalía General del Estado, por lo que la iniciativa propone que se omitan estos conceptos para referirse solo a los que posean, porten o utilicen tecnologías de comunicación, las cuales no puedan justificar el medio u objeto de su adquisición, presumiendo una conducta ilícita.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

Armonización de Códigos Financiero y de Procedimientos Administrativos

Asimismo, el Ejecutivo del estado envió a la LXV Legislatura una iniciativa por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Financiero y del Código de Procedimientos Administrativos, ambos para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La propuesta tiene como finalidad que el Estado cuente con procedimientos homologados con los establecidos por el Congreso de la Unión en los rubros de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas, los cuales se encuentran orientados al buen uso de los recursos públicos.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado.
Pide diputado implementación de Convivencias Familiares virtuales

Pide diputado implementación de Convivencias Familiares virtuales

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado dio entrada al anteproyecto de Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, quien expone la necesidad de exhortar al Poder Judicial del estado para que lleve a cabo actos encaminados en la implementación de Convivencias Familiares virtuales, a fin de tutelar el interés superior de los menores.

En su propuesta, enviada para su análisis a la Junta de Coordinación Política, el legislador subrayó la necesidad de que el Poder Judicial implemente estas medidas para poner a Veracruz a la vanguardia en los nuevos retos y con la utilización de herramientas tecnológicas, como ya sucede en otras parte del país, como la Ciudad de México, en la cual no se ha paralizado este derecho, agregó.

De esta manera, el representante del Distrito XXX, Coatzacoalcos II, propone solicitar a la magistrada presidenta del Poder Judicial que lleve a cabo una revisión exhaustiva en los procedimientos de convivencia de los Centros de Convivencia Familiar, cuando menos, en aquellos distritos judiciales que cuenten con Juzgados Especializados en Materia Familiar.

Al respecto, Guízar Valladares expone que, en 2018, como parte del fortalecimiento y ampliación de la red de justicia familiar en el estado, el Poder Judicial puso en marcha 4 nuevos Centros de Convivencia Familiar en los Distritos Judiciales de Veracruz, Córdoba, Pánuco y San Andrés Tuxtla.

Añadió que en noviembre de 2019 inició labores el de Jalacingo, mismo que se sumó al que entró en funciones en Xalapa desde 2017. “El estado se compone de veintiún distritos judiciales, por lo que los actuales Centros no representan ni el 30 por ciento del universo de Distritos, constituyendo así una considerable desventaja y desproporcionalidad familiar”.

Refiere que hoy en día las medidas de confinamiento han traído y aumentado la violencia familiar, poniendo a niñas y niños en riesgo.

Sostuvo que no solo se merma la salud física, sino que pueden registrarse casos de afectación a la salud mental de las niñas y los niños al no haber convivencia. “El hecho de que un niño no vea a su padre o madre, puede propiciar que los hijos sufran alienación por parte del padre o madre custodio”, abundó.

Se pronunció a favor de las convivencias familiares virtuales, ya que, considera, “cuando el semáforo epidemiológico de la entidad sea verde, esta herramienta tecnológica pueda convertirse en un complemento de los encuentros físicos de convivencia familiar, para padres que radican en otro lugar distinto o cuando los horarios laborales no permitan el encuentro físico o bien sea un complemento más, aparte de la convivencia presencial, lo cual resultará en algo positivo que dejará la pandemia”, concluyó.